By Un juez estatal suspendió este jueves la aplicación de una polémica ley antidisturbios de Florida promovida por el gobernador estatal para evitar manifestaciones violentas, al considerar que podría llevar al arresto de personas inocentes.
El magistrado Mark Walker argumentó en su fallo que la ley promulgada en abril da una definición “vaga y demasiado amplia” de la palabra “disturbio”, por lo que pone en peligro los derechos a la libertad de expresión de la población.
Según el juez, la ley podría castigar a personas presentes en una manifestación si ésta se vuelve violenta por la acción de otros individuos.
“Si este tribunal no prohíbe la aplicación de la ley, las acciones ilegales de unos pocos individuos deshonestos podrían criminalizar efectivamente la libertad de expresión de cientos o de miles de floridanos respetuosos de la ley”, escribió Walker en su sentencia de 90 páginas.
“Como demuestran estos incidentes, desgraciadamente sólo hace falta un puñado de malos individuos para transformar una protesta pacífica en ‘un disturbio público violento’”, añadió.
El fallo responde a una demanda de varias organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, en inglés), contra una ley que, según ellas, busca impedir las protestas de la población afroestadounidense y de otras minorías.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, defendió un endurecimiento de la ley antidisturbios tras las protestas contra la brutalidad policial que surgieron el año pasado en varias ciudades de Estados Unidos.
Esas manifestaciones comenzaron a raíz del asesinato del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco en Minneapolis.
Entre otras disposiciones, la nueva ley antidisturbios endurece las penas por delitos cometidos durante las protestas, como la agresión a policías u otros uniformados, y establece hasta cinco años de prisión a quienes participen en disturbios o los hayan incitado.
Tras conocer el fallo, DeSantis aseguró que el estado de Florida recurrirá la decisión ante una corte federal de Atlanta, en la vecina Georgia.
