By MADRID (apro).— La justicia suiza archivó este lunes la investigación sobre la donación millonaria que el rey emérito, Juan Carlos de Borbón, hizo a su examiga íntima, Corinna Larsen, por no encontrar indicios suficientes de que ese dinero tuviera relación con las obras del tren de alta velocidad (AVE) entre Medina y la Meca, construido por empresas españolas, según adelantó el diario Tribune de Gèneve.
El fiscal del cantón de Ginebra, Yves Bertossa, abrió el procedimiento en agosto de 2018 en contra de Larsen y los presuntos testaferros del monarca, su abogado Dante Canónica y el gestor financiero Arturo Fasana, así como directivos del banco Mirabaud.
Pero este lunes el fiscal Bertosa ha decretado el archivo de las actuaciones al no encontrar vínculos suficientes con la obra del también llamado AVE del desierto.
El fiscal ha comunicado a las partes la decisión de exonerar de cualquier responsabilidad penal a Arturo Fasana, gestor de la cuenta del rey emérito en la banca Mirabaud en la que recibió 100 millones de dólares de Arabia Saudí.
A Dante Canónica, director de la fundación panameña a cuyo nombre ingresaron los fondos; y a Corinna Larsen, la examante del monarca a la que en 2012 transfirió buena parte del dinero saudí.
Se les investigaba por blanqueo agravado por la supuesta donación de 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió en 2008 procedente del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
El actual rey emérito transfirió esa cantidad a Larsen en 2012 a través de sus sociedades instrumentales en islas Bahamas. Estas pesquisas no afectaban de forma directa al anciano monarca.
En el fallo del fiscal también exonera a Yves Mirabaud, presidente del banco que lleva su nombre, que había sido imputado por no hacer las comprobaciones adecuadas sobre el motivo de la donación al monarca.
La entidad sí resultó condenada a pagar 50 mil francos suizos (poco más de 54 mil de dólares) por no haber informado al MROS; un organismo suizo antiblanqueo, del “carácter inusual” de los fondos recibidos por Larsen en su cuenta en esa entidad.
Aparte de las pesquisas suizas, en España la Fiscalía del Tribunal Supremo también mantiene abiertas tres causas sobre las comisiones del AVE a La Meca, la fortuna oculta en la isla de Jersey y el uso de tarjetas opacas a espaldas de Hacienda.
La Fiscalía tiene intención de archivar también esta triple investigación sin denunciar al monarca emérito pero por el momento se ha dado más tiempo al analizar toda la documentación recibida de las autoridades de Jersey.
La sospecha de Bertossa desde 2018 se centró en que ese dinero fue fruto de una comisión ilegal por la intervención de Juan Carlos de Borbón para lograr que las empresas españolas hiciesen una sustanciosa rebaja en las obras del AVE Medina-La Meca.
Lo contradictorio de la hipótesis es que el rey emérito recibió esa donación en 2008, tres años antes de la adjudicación del contrato.
La investigación suiza inició en 2018 tras la publicación de unos audios en los que Larsen atribuía a Juan Carlos de Borbón el uso de testaferros para ocupar una supuesta fortuna en ese país.
Se trataba de las grabaciones ilegales que hizo el comisario de la policía española, José Manuel Villarejo, en una conversación que mantuvo con Larsen y con el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga, en Londres.
Muy poco tiempo después del escándalo al conocerse estas grabaciones, Bertossa inició sus pesquisas y detectó el rastro de una supuesto donación a la empresaria alemana de origen danés en los cateos realizados en los despachos de Dante Canónica y de Arturo Fasana, el gestor de fondos radicado en Ginebra y que es un viejo conocido de la justicia española porque manejó cuentas ocultas en Suiza de Francisco Correa, el cabecilla del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política que implica al Partido Popular (PP).
La investigación reveló que Fasana había ingresado en en agosto de 2008 en una cuenta en la banca privada Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum los citados 100 millones de dólares procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El primer beneficiario de la Fundación Lucum era Juan Carlos de Borbón y el segundo, su hijo Felipe VI.
En 2012 el monarca había transferido ese dinero a Larsen. En el marco de estas pesquisas, Bertossa solicitó formalmente información a España sobre la investigación que sigue aquí del AVE a la Meca y viajó a Madrid a reunirse con los fiscales de Anticorrupción españoles y el juez de la Audiencia Nacional que lleva las distintas carpetas del caso Villarejo.
La empresaria y su defensa siempre han argumentado que se trató de “un obsequio” del monarca tras cinco años de relación extramatrimonial con ella.
Esta transacción es clave en la demanda que Corinna ha presentado en contra de Juan Carlos I en el Reino Unido y que puede poner en aprietos al monarca.
Según Larsen, ha sido víctima de una campaña de acoso, incluso amenazas y difamación, vigilancia tanto encubierta como visible por parte de supuestos agentes de la inteligencia española y de mercenarios para que le devolviera ese dinero.
