By CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La nueva refinería de Dos Bocas, uno de los megaproyectos principales de la administración de Andrés Manuel López Obrador, podría no ser viable económicamente, pues está basado en proyecciones financieras poco razonables, ha sido opaco en la asignación de contratos, y su implementación no tomó en cuenta sus impactos ambientales negativos ni el hecho de que se construyó sobre un predio que tiene “riesgos altos de inundación marina y fluvial”, señaló la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El megaproyecto de 166 mil 760 millones de pesos, encabezado directamente por Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía (Sener), de la mano con la filial de Pemex llamada PTI Transformación de Desarrollo (PTI-ID), aspira a procesar 340 mil barriles diarios para rescatar la producción nacional de gasolina y evitar que se importe el 74% de la demanda nacional -como es actualmente el caso– y el Sistema Nacional de Refinación (SNR).
Sin embargo, en una serie de siete auditorías publicadas este sábado 20 de febrero y relativas a la Cuenta Pública 2019 –la primera de la administración de López Obrador–, la ASF destacó deficiencias en el diseño y la planeación de la obra, así como en la asignación de contratos, y expresó dudas sobre su viabilidad económica, técnica, legal y ambiental.
Criticó, entre otros puntos, que no se hayan evaluado los riesgos de inundabilidad de la zona, ni la disponibilidad real de crudo en el futuro.
Por si fuera poco, determinó que a finales de 2019 las erogaciones presentaron un retraso del 35%, el cual “incrementa el riesgo de que la refinería no entre en operación conforme lo programado, lo que, en consecuencia, podría afectar la rentabilidad del proyecto de inversión”, advirtió.
Según el organismo fiscalizador –en el informe 409-DS–, las proyecciones financieras de la Sener contemplan una Tasa Interna de Retorno positiva del megaproyecto, en parte porque no contempla elementos básicos que afectarán su operación.
Así, afirmó que la refinería tendrá un uso superior al 90% cuando sus propias cifras estiman su utilización a un 78.5% –las demás refinerías operan en un promedio en un 36.4% de su capacidad–, y las cifras no toman en cuenta el derrumbe en la producción de crudo de Pemex observado en la última década.
La Sener tampoco “cuantificó el gasto de la supervisión de las obras, ni los costos indirectos provocados por la operación del proyecto, incluyendo la repercusión que tendría la Refinería Dos Bocas en la operación del SNR, así como las externalidades por el impacto ambiental y social que se generará durante la construcción y la operación de la refinería, por lo que existe el riesgo de que disminuyan los ingresos esperados”, observó la ASF, al recordar que Pemex estimó que los costos de inversión podrían costar entre un 30% menos y un 50% más de lo previsto.
En otras palabras: al igual que en el caso del Tren Maya, la ASF detectó que el gobierno federal entregó cifras alegres para justificar sus megaproyectos, las cuales contemplan profundas incógnitas en cuanto a su realidad, que cuestionan la viabilidad de las obras; ello, sin contar que Pemex clasificó la mayor parte de la información relativa a Dos Bocas como confidencial.
En 2019, PTI-ID estaba dirigida por Jorge Arganís Díaz Leal, ahora titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT); al frente de la filial de Pemex, el funcionario tuvo la la responsable de “ejecutar el proyecto y de tomar decisiones técnicas para el desarrollo del mismo, lo que incluye la contratación y realización de los estudios necesarios para la aprobación del proyecto”.
Ahí, Arganís dio luz verde al predio de Dos Bocas, en Tabasco, a pesar de que los estudios técnicos no había concluido, “lo que hubiese permitido identificar, de acuerdo con el estudio ambiental, que el predio elegido tenía riesgos altos de inundación marina y fluvial, lo cual era uno de los supuestos establecidos para excluir el sitio, situación que podría generar sobrecostos de inversión”, señaló la ASF.
Opacidad
La ASF observó irregularidades en la asignación de 27 contratos a 23 empresas, por un monto total de 20 mil 490 millones de pesos; de éstas, el organismo fiscalizador detectó que Pemex no realizó el proceso de “debida diligencia” a 16 compañías, y ello a pesar de la magnitud de los montos contratados y la importancia de las obras.
En la auditoría 422-DS, la ASF determinó que Pemex debe aclarar el destino de 75 millones 591 mil pesos derivados de los contratos multimillonarios que adjudicó a varias empresas –entre ellas el grupo encabezado por la empresa Huerta Madre–, la mayor parte de ellos por pagos “fuera de norma”.
Aparte, en el informe 409-DS, la ASF señaló la mala supervisión de las obras, pues PTI-ID no acreditó que contaba con programas de ejecución de los contratos, ni bitácotas sobre recursos ejercidos, y tampoco pudo cuantificar el avance porcentual de las obras y trabajos del proyecto de inversión.
En la auditoría XX, la ASF también observó “deficiencias en los elementos de gobernanza y de control interno” de la obra, los cuales generan “el riesgo de postergar la entrada en operación de la refinería Dos Bocas, y por lo tanto la resolución del problema público de la limitada producción de combustibles para la atención la demanda nacional que dio origen al proyecto”.
Entre otros, destacó que el gobierno federal lanzó la primera fase de ejecución del megaproyecto “sin un proceso completo de planeación”, sin indicadores para medir el avance en la construcción, y no contaba con el 100% de estudios de diseño del proyecto, “por lo que se corre el riesgo de que la Refinería de Dos Bocas no cuente con la solidez técnica necesaria”.
Aparte, señaló que PTI-ID omitió incluir la información sobre siete contratos en sus estados financieros, mientras que “en 4 contratos no se reportaron todos los proveedores y en 2, el contratista señalado no coincide en el nombre, ni con el número de proveedor”, y en las cuentas de Pemex no se revela información acerca de las aportaciones de 4 mil 564 millones de pesos al capital de PTI-ID.
Desdén ambiental
A pesar de los evidentes impactos ambientales que la refinería tendrá sobre la región, la ASF determinó, en varias auditorías, que la Sener y Pemex relegaron el tema ambiental muy por debajo de sus prioridades en el tema de Dos Bocas.
La ASF también determinó que la Sener empujó el megaproyecto sin preocuparse de sus consecuencias y costos ambientales: empezó la construcción sin contar con los estudios de impactos ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en violación a las normas ambientales; aparte, la Sener otorgó el permiso para la refinación sin pedir documentación a Pemex en materia de protección ambiental.
Y no sólo esto: la MIA, según la ASF –en el informe 213-DS– fue elaborada en apenas 30 días por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) –el cual no debió hacerla– y no cuenta con los elementos mínimos de un estudio serio, el proyecto no incluye los 285 millones de pesos de mitigación ambiental, ni consideró útil implementar un Comité de Vigilancia Ambiental.
La ASF determinó que la MIA “no cumplió con los tres pilares principales” referentes al Sistema Ambiental Regional (SAR) –el cual “no fue caracterizado adecuadamente–, ni respecto a “los impactos y las medidas de mitigación”.
En materia ambiental, el incumplimiento es casi generalizado, pues Pemex desconoció las “afectaciones” causadas por el despalme de las 26 hectáreas del sitio de la obra –el cual incluía un manglar–; y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) realizó una inspección que “presentó debilidades procedimentales, ya que en su inspección no pudo constatar el estado del manglar”.
De acuerdo con la ASF, la MIA de Dos Bocas “no dispuso de estudios ambientales y metodologías para el muestreo del aire, agua, suelo, flora y fauna; no identifica el grado de sobrevivencia de las especies de flora y fauna, incluidas las categorizadas en riesgo; ni incluyó el análisis de la salud de la población ubicada en las zonas aledañas al proyecto ni las posibles implicaciones derivadas de la operación de la refinería.
Respecto de los impactos ambientales, no cumplen con la estructura establecida ya que para su determinación no fueron descritas las obras o actividades que los ocasionarían, por lo que fueron descritos de forma general”.
Por lo anterior, se observó que el hecho de haberse elaborado la MIA en 30 días, incidió de manera negativa, lo que derivó en imprecisión en su contenido, así como debilidad en la determinación de los impactos ambientales, y en incumplimiento a los requisitos mínimos para su autorización, por la falta de inclusión de las medidas de mitigación.
Hecho irónico: la propia MIA refrendó que la zona de Dos Bocas está sujeto a un “riesgo muy alto por inundación causado por marea de tormenta”.
Desinterés social
La ASF también determinó que, si bien la refinería implica una reconfiguración en la región de la costa de Tabasco, en 2019 Pemex no realizó ningún Plan de Gestión Social para prevenir y mitigar los impactos negativos del proyectos, tampoco se acercó a las “comunidades locales para exponer los alcances del proyecto, los impactos sociales positivos y negativos, y los beneficios, por lo que no se acreditó la aceptación de su construcción”.
Pemex tampoco evaluó “la contribución del proyecto al desarrollo de las comunidades del área”, lo cual, según la ASF –en el informe 411-DS–, “podría afectar las relaciones de buena vecindad, y propiciar que se originen posibles riesgos no técnicos y conflictos sociales”.
La Sener, por su parte, estimó que no existían poblaciones indígenas en el área de la refinería, por lo que no realizó ninguna consulta previa, libre e informada, sin acreditar que su decisión estuvo basada en una “metodología oficial”.
Pemex tampoco se acercó a otras dependencias –como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)– para abordar el tema del ordenamiento territorial que provocará la refinería en la región, y principalmente en las mil 608 hectáreas que forman el “Área núcleo” del megaproyecto.
