“Prácticamente todos los presos políticos en Cuba han sido torturados”, afirma Javier Larrondo, director de la organización Prisoners Defenders, en declaraciones a Proceso en el marco de la revisión de Cuba por el Comité de la ONU contra la Tortura.
A raíz de las protestas masivas del 11 de julio, “Cuba ha exhibido los índices de represión más altos registrados en décadas con más de cinco mil detenciones arbitrarias y más de mil 200 prisioneros políticos procesados, la mayoría de ellos en prisión actualmente, así como centenares de reportes de torturas espontáneas en las redes sociales y medios de prensa. Activistas, opositores y, sobre todo, civiles manifestantes no activos políticamente han sido procesados por ejercer la libertad de expresión pacíficamente’’, acusó.
“Los resultados nos sorprendieron incluso a los que conocemos estas situaciones en Cuba: El 100% declaraban haber sufrido uno o más tipos de tortura y malos tratos. El 77% describían casuísticas con 5 tipologías o más de tortura. El 23% declaraba sufrir 10 o más tipos de las tipologías mencionadas’’, detalló.
Señaló que los dos casos con mayor número de tipología fueron un menor, Jonathan Torres Farrat, a quién con 17 años están literalmente destruyendo en prisión, y un joven de 26 años, Iván Hernández Troya.
“El caso más preocupante, no obstante, es el líder prodemocrático, pacífico y humanista José Daniel Ferrer, a quien someten en una celda de castigo desde el 11 de julio a ataques sónicos constantes de baja intensidad que le están destrozando su sistema nervioso, e incluso recientemente tenía síntomas compatibles con la intoxicación química por alimentos, por lo que le hemos indicado que detenga toda ingesta de alimentos de prisión y sólo ingiera alimentos traídos por sus familiares y entregados en mano’’, cita el informe de la ONG presentado al CAT.
Recalcó que Ferrer «desde hace 3 días está realizando esto, y las afectaciones químicas están remitiendo, persistiendo sin embargo las secuelas por los ataques sónicos y el confinamiento en celda de castigo solitaria. Podemos concluir que su situación puede describirse como que actualmente se está matando lentamente en la cárcel».
Enumeró los tipos de tortura empleados contra los detenidos: Privación de la atención médica a presos políticos; trabajo y tareas forzadas no propias de su condición de procesados penales; patrones posturales altamente incómodos, dañinos, degradantes y prolongados; confinamientos de castigo en solitario; uso de la temperatura como mecanismo de tortura.
Además, castigan a los presos con agresiones físicas; conducción de forma anormal a localizaciones desconocidas para reos y familiares; desorientación intencionada; privación de líquidos y/o alimentos; privación del sueño intencional; privación de comunicación con familia, defensa y allegados; amenazas para ellos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos.
Asimismo, despliegue o exhibición amenazante de armas o elementos de tortura; sometimiento intencionado a angustia, pesar o incertidumbre por la situación de un familiar, y humillación, degradación y maltrato verbal.
Larrondo entregó este informe a los expertos del CAT que sesionan en Ginebra y revisan el cumplimiento de Cuba de la Convención contra la Tortura de la ONU.
En la sesión de este jueves, el vicepresidente y relator del CAT para Cuba, Sèbastien Touze, de Francia, cuestionó a la delegación de La Habana sobre estas serias acusaciones con respecto a los opositores y presos políticos, así como por la detención arbitraria de manera persistente, el uso y abuso de la detención preventiva, violencia contra la mujer, aumento de la trata, así como hacinamiento y condiciones precarias en las cárceles cubanas y centros de detención.
Touzé cuestionó sobre la ley de peligrosidad pre-delictiva, en la que se castiga un delito que no se ha cometido y aconsejó su derogación, y preguntó el número exacto de personas en prisión preventiva y la condición “indigna” de las cárceles.
A su vez el mexicano y presidente del CAT, Claude Heller, exhortó al gobierno de Miguel Díaz -Canel a recibir la visita de la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y afirmó que el CAT “no es un organismo injerencista”, pues solamente pretende extender recomendaciones a los estados para el cumplimiento de la Convención.
Por su parte, el embajador de Cuba, Juan Antonio Quintanilla Román, afirmó que el gobierno de Díaz Cannel tiene “tolerancia cero para la trata de personas”, negando acusaciones del CAT de que el flagelo ha aumentado en los últimos años y señaló que lo visto en las manifestaciones del 11 de julio son parte de “una gran campaña de desinformación organizada desde Estados Unidos”.