By El paquete de reformas en materia electoral, aprobado por el Congreso de la Unión a finales de 2022, repercutirán en el debilitamiento de las estructuras centrales y desconcentradas del Instituto Nacional Electoral (INE) y, de manera significativa, en el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) que perderá 84.6% de sus empleados.
Con los argumentos de generar ahorro y austeridad, y sin previo análisis que lo confirme (según los reclamos del INE, especialistas y partidos de oposición), se ordena la reducción de estructuras claves, que redundará en la calidad del trabajo de organizar elecciones.
Actualmente, la mayoría de las plazas laborales se concentran en los órganos delegacionales y subdelegacionales. A través de ellos se implementan los programas y actividades del Instituto a escala nacional, tanto los que corresponden a procesos electorales, procesos de participación ciudadana directa, como los que corresponden a las actividades permanentes.
Las reformas ordenan una reestructura mayor, tanto de órganos y áreas centrales, como de sus instancias desconcentrados.
El impacto en la planta laboral que se espera es que se suprimirían 262 plazas y quedarían vigentes únicamente 96 plazas del Servicio Profesional Electoral Nacional.
Los análisis del INE aseguran que la eliminación de las cinco vocalías que integran las JDE compromete de forma crítica el desarrollo de los procesos sustantivos del INE, pues se pierde la experiencia profesional, el conocimiento del entorno social, político y cultural y la capacidad de respuesta ante las exigencias y retos que se presentan en cada proceso electoral.
