By En una primera etapa se comenzará con cuatro grupos: policías, personal médico, bomberos y las infancias y jóvenes.
En las anteriores entregas abordamos la importancia de la salud mental como problema público y la necesidad de que, desde la clase política, haya un cambio de mirada respecto a una necesidad de la población que cada día se hace más visible. Hoy, en esta tercera edición, hablaremos sobre cómo es posible dar pasos hacia el reconocimiento de este derecho, desde lo local y desde la oposición.
Hace unas semanas en ‘Futuro’, la fuerza política local que construimos desde hace ya dos años en Jalisco, decidimos asumir la salud mental como una causa central. Fue así como bajo el lema “Salud mental es derecho”, presentamos una propuesta con objetivos y acciones claras para que desde los ayuntamientos y el Congreso se abriera un debate pendiente desde hace muchos años. La discusión política centrar su atención sobre los problemas que no le permiten a las personas vivir una vida tranquila y digna.
Como regidor de oposición en el Ayuntamiento de Zapopan, presenté con mi compañera Güicha Ramírez una propuesta para que el gobierno municipal garantice la atención psicológica a todas y todos los miembros de la policía municipal, de la unidad de protección civil y bomberos y de los servicios médicos municipales. Posteriormente, en la etapa de discusión, esta propuesta incluyó también al personal del DIF dentro de los grupos de atención prioritaria. Para lograrlo, propusimos que estos programas se contemplaran en el presupuesto del próximo año y que el gobierno comience a establecer convenios con organizaciones de la sociedad civil para diseñarlos.
Me da mucho orgullo compartirles que la propuesta tuvo éxito y fue aprobada hace dos semanas. Ahora lo que sigue es que el gobierno municipal cumpla y ejecute los programas, los cuales deben tomar como base las áreas de psicología de las dependencias ya existentes, para construir sobre éstas programas más amplios.
Desde el Congreso de Jalisco esta misma propuesta fue presentada por mi compañera Susana de la Rosa, actual diputada por Futuro y promotora de la iniciativa que logró poner en el Código Civil el derecho al matrimonio igualitario. Con esta iniciativa se busca extender la atención a policías, personal de protección civil y de servicios médicos de todo el estado, no solo de la capital. Pero además, abrir el derecho a la terapia a infancias y jóvenes, que son el sector de la sociedad más vulnerable. Como muestra está que, en México, 6.0 por ciento de la población de 10 a 19 años –es decir, 1.3 millones de personas– reportó haberse hecho daño con el fin de quitarse la vida en 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut). Este mismo estudio muestra que el número anual de muertes se elevó a 3 mil 453 entre las personas de 10 a 29 años. Estamos hablando, al día, de una tristísima cifra de casi 10 casos de suicidios de personas jóvenes.
Aunque en la construcción de “Salud mental es derecho” consideramos que la meta es que el acceso a la salud mental sea un derecho para toda la población, entendemos también que esto no puede lograrse de un día para otro, sobre todo cuando la falta de cobertura en la atención psicológica es un problema que ha sido descuidado por décadas. Para resolverlo, debemos enfocarnos en desarrollar capacidades institucionales básicas que paso a paso se puedan ir ampliando sus alcances: destinar más presupuesto, capacitar a personal, desarrollar protocolos, construir y adecuar instalaciones, etc. Es decir, se trata de un proceso gradual, por eso es tan importante dar los primeros pasos con la población más vulnerable.
Considerando lo anterior, en esta primera etapa decidimos comenzar por estos cuatro grupos: policías, porque la seguridad depende de su desempeño; personal médico, por la sobrecarga de trabajo que han sufrido a raíz de la pandemia; bomberos, quienes por las condiciones diarias de su labor están expuestos al desgaste mental; y las infancias y jóvenes, porque se encuentran en una etapa de la vida en la que no cuentan con la autonomía ni con los ingresos económicos necesarios para acceder a la atención profesional.
Avanzar en el reconocimiento de la salud mental como derecho no es fácil, pero es posible. Estoy convencido de que, con presión y participación de la ciudadanía, se logrará muchos más en los siguientes años y en todo el país.
