By Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) por la que acreditó la infracción en el procedimiento sancionador ordinario contra el diputado federal del PT, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, por realizar manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández.
En una sesión inédita, en la que cuatro magistrados pidieron licencia médica para ausentarse de la sesión virtual, el TEPJF invocó una de sus cláusulas para que en la ausencia de la mayoría de integrantes del Pleno, se llamará al de mayor edad o antigüedad de las salas regionales y con ello darle quórum legal a la sesión.
En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, la y los magistrados de esta Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña a que en caso de incumplir con lo ordenado por la autoridad electoral nacional respecto a las medidas de reparación y restitución, incluido ofrecer una disculpa pública, se le impondrán las medidas de apremio correspondientes las cuales pueden llegar a ser incluso a su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El 4 de octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso del Estado de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia política en razón de género en su contra. La legisladora promovió el 10 de octubre ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de denunciar las manifestaciones realizadas por el diputado, mismo que se reencauzó al INE para su resolución.
Al referirse a Dávila, el petista expresó: “Me dicen que hay una diputada que fue senadora, que fue vinculada a este tema (de trata de personas), y que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la chingada (…); pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.
Ante ello y la negativa del diputado a disculparse, la legisladora promovió el 10 de octubre ante la Oficialía de Partes de la Sala Superior, un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, a fin de denunciar los dichos del diputado, mismo que se reencauzó al INE para su resolución.
