By Luego del informe del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas, en el que reconoce que la responsabilidad principal continúa siendo del Estado, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, exigieron al Gobierno Federal, atender las recomendaciones del organismo internacional.
“Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México llamamos al Estado mexicano y, particularmente al presidente Andrés Manuel López Obrador a presentar ante la sociedad mexicana en su conferencia matutina los principales hallazgos de este informe, con plena voluntad política de implementar esta Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas”, refirieron en un comunicado.
Además exigieron atender cuanto antes a las familias que buscan a sus seres queridos “para dialogar y entablar un trabajo conjunto que desemboque en la creación e implementación de la misma de forma urgente y que tenga como principales objetivos la búsqueda inmediata, verdad, justicia y medidas de reparación a las víctimas y sus familias”.
Este Movimiento, está conformado por más de 80 colectivos de 24 estados de la República mexicana y de 3 países de Centroamérica.
Este día, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas presentó, en el contexto de su periodo de sesiones en Ginebra, el informe sobre su visita a México el pasado noviembre de 2021.
En él, reitera la grave situación de desapariciones en México y las preocupaciones que los colectivos de búsqueda, le expresaron durante su visita, en la que enfatizaron que la actitud pasiva del gobierno frente a un patrón de desapariciones a nivel nacional es una manera de tolerar las desapariciones y de omisión que resulta en la permanencia de la impunidad.
El Comité hizo un llamado urgente a que el Gobierno mexicano adopte una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones Forzadas para la cual se deben cumplir ciertas condiciones mínimas que garanticen su efectividad, tales como: la importancia de que el Estado asuma su responsabilidad para erradicar las causas estructurales de la impunidad.
Así como la necesidad de abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública por el riesgo que este implica en materia de graves violaciones a los derechos humanos; la importancia de visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones que permita a la sociedad dimensionar la gravedad del problema frente a un sub registro oficial de casi 100 mil desaparecidos; y la relevancia de implementar debidamente el marco normativo, jurídico y jurisprudencial en todo el país.
