By - El INAI es una institución clave para la vida democrática del país por lo que debe garantizarse su autonomía.
- Los estándares interamericanos de derechos humanos confirman que la autonomía del organismo garante del derecho a la información es necesaria para el ejercicio de sus funciones.
Ciudad de México, a 7 de enero de 2021.- Desde las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos la transparencia, la rendición de cuentas y combate a la corrupción manifestamos nuestra preocupación ante las declaraciones realizadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en los últimos días que cuestionan la existencia de los organismos constitucionalmente autónomos. En la conferencia matutina de este jueves 7 de enero, el presidente señaló que preparará una reforma administrativa para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pasen a ser parte de secretarías y dependencias del gobierno federal, lo que implicaría su eliminación y pérdida de autonomía.
Entre las opciones el gobierno federal, señaló que podría considerarse a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para asumir las funciones del IFT, mientras que podrán ser la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o incluso la Fiscalía Anticorrupción quienes asuman las funciones del INAI.
Lo anterior resulta preocupante debido a que los organismos constitucionales autónomos cumplen una función como contrapesos al poder frente a las arbitrariedades de las instituciones gubernamentales como de servidores y servidoras públicas. Estos organismos que son y han sido herramientas ciudadanas para ejercer derechos clave como la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales permiten el ejercicio de otros derechos, son razón por la cual resulta fundamental garantizar su existencia e independencia
El delegar las funciones del INAI y del IFT a dependencias del gobierno que pudieran ser, como lo señaló el propio presidente, a la SCT, la SFP, la ASF o la Fiscalía Anticorrupción, representaría un retroceso para la democracia y para las conquistas ciudadanas. Eliminar organismos de naturaleza autónoma es grave en la medida de pretender depositar las funciones a dependencias que forman parte de la Administración Pública Federal, pues serían juez y parte, y concentrarían y ejercerían de una forma discrecional y arbitraria el poder y las funciones que les correspondería llevar a cabo.
Durante este gobierno han continuado prácticas de opacidad que reiteran la importancia de la existencia y autonomía del INAI. Muestra de ello es que 2019 fue el año en que se interpusieron más recursos de revisión en contra de la Oficina de la Presidencia de la República desde 2003, con 513.[1] Esto representó un incremento del 817% respecto al año previo. De igual manera, en 2019 hubo un notable incremento en las declaratorias de inexistencia de la información solicitada por ciudadanos, que pasó de 152 en 2018 a 381 en 2019. Además, en 2020 la Oficina de la Presidencia se declaró notoriamente incompetente para responder solicitudes de información en 389 ocasiones. Esto destaca si observamos que entre 2015 y 2019 nunca se había utilizado este mecanismo para negar información por parte de Presidencia.
El argumento esgrimido por el presidente radica básicamente en que son organismos que “han salido muy caros” para el país. En principio no puede pretenderse la desaparición de estos organismos basado en un supuesto dispendio de recursos cuando son instituciones diseñadas para la tutela de derechos y se concibieron de esa manera para mantener independencia de los poderes sujetos a su escrutinio. Además, ello queda en entredicho cuando señala que no se afectaría a las y los trabajadores de los organismos que se pretenden desaparecer, mismos que formarían parte de la estructura de la Administración Pública centralizada. Más bien, con estas imprecisiones y contradicciones, es evidente que busca acabar con contrapesos institucionales resultado de décadas de luchas ciudadanas.
Recordemos que la autonomía del INAI no fue una concesión de los gobiernos, sino una conquista llevada a cabo por la sociedad civil organizada en procesos democráticos materializados en la reforma constitucional del 2007 y 2014. Eliminar este organismo sería un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información, herramientas clave para que la sociedad pueda tener acceso a toda la información generada por el Estado, lo que se traduce en el ejercicio de un derecho clave para la rendición de cuentas en un régimen democrático.
Asimismo, esta decisión contravendría los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en especial, del derecho a la información que han establecido como un deber de los Estados, la creación de un organismo especial mediante el cual se pueda hacer exigible el derecho de acceso. La Ley Modelo Interamericana Sobre Acceso a la Información Pública, señala que para el pleno ejercicio de sus funciones es necesaria la autonomía del órgano garante del derecho a la información. Por su parte, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que “es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado encargado de promover la implementación de la legislación en materia de acceso a la información pública.”
Además, el INAI también tiene el mandato constitucional de defender el derecho a la protección de datos personales y las colisiones con el ejercicio del derecho a la información. En años recientes hemos dado cuenta de la violación de la privacidad de activistas y periodistas a través del uso de software de vigilancia por parte de instituciones de seguridad. De esta manera, se reafirma también la importancia del rol y de la autonomía del INAI.
Así, un real compromiso con la democracia para garantizar una serie de derechos, tendría que enfocarse en el fortalecimiento institucional. Por lo tanto, instamos al presidente de la república a sumar esfuerzos para el fortalecimiento institucional de los organismos e instituciones del Estado que han sido herramientas indispensables para la ciudadanía y el ejercicio de derechos.
