By El nuevo gobierno peruano ha declarado el estado de emergencia por 30 días en todo el país.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dijo que la medida se tomó «debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno».
Otárola dijo que aún se está por definir si la medida incluirá un toque de queda.
Desde el cambio de gobierno se suceden las protestas, con un saldo hasta ahora de seis muertos y un centenar de heridos, según la Defensoría del Pueblo, además de daños a diversas propiedades de empresas y del Estado. Los manifestantes reclaman el cierre del Parlamento, adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y algunos la libertad del expresidente Pedro Castillo.
Se declaró el estado de emergencia en momentos en que Castillo afronta un pedido de la Fiscalía de extender su prisión preliminar a 18 meses, mientras se lo investiga por delitos de rebelión y conspiración debido a la intentona de golpe de Estado del 7 de diciembre. La audiencia se pasó al jueves.
Castillo permanece con detención preliminar de siete días, que se cumplen el miércoles, pero deberá seguir preso hasta que el Poder Judicial decida si acepta o no el pedido de la Fiscalía.
El Poder Judicial convocó para el jueves por la mañana a la audiencia en que un juez debe escuchar los argumentos de la Fiscalía y la defensa del expresidente para luego decidir si aplica o no prisión preventiva a Castillo.
El miércoles se suspendió la sesión en que se iba a evaluar el caso, a pedido de la defensa del expresidente, que alegó no haber sido notificado.
Una sala de la Corte Suprema ratificó la víspera la detención de siete días a Castillo al rechazar la apelación que presentó en intento de anular la orden judicial que lo tiene preso.
Un argumento del tribunal para rechazar la apelación y ratificar la detención fue que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador había contado que Castillo lo llamó para pedirle asilo político y se dirigía a la embajada de México en Lima cuando fue detenido. El pedido de la Fiscalía también considera este argumento.
El pedido de prisión preliminar incluye al exprimer ministro peruano Aníbal Torres, que está en la clandestinidad.
Castillo, de 53 años, fue apresado el miércoles pasado tras anunciar en un mensaje televisivo la disolución del Congreso e intervención a varias entidades públicas sin dar un sustento legal.
El expresidente convocó a sus seguidores a que acudan el miércoles a la 1:41 de la tarde (18:41 GMT) a la sede policial donde está apresado a recibirlo tras una eventual liberación. Sus colaboradores adelantaron el llamado dos horas para las 11 de la mañana hora local.
En la audiencia sobre su apelación, Castillo adujo que no renunciará a la causa que le dio el pueblo y exhortó a las Fuerzas Armadas a deponer las armas y dejar de matar civiles.
«Estoy injusta y arbitrariamente detenido… Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá», defendió el expresidente destituido. «Desde acá quisiera exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia», dijo en conexión virtual, interrumpido por el juez que pidió ceñirse al alegato judicial.
Castillo agradeció también el miércoles el apoyo manifestado por los gobernantes de Colombia, México, Bolivia y Argentina, que cerraron filas el lunes a favor del primero, luego de que legisladores lo destituyeron después de su intento por disolver el Congreso.
«Expreso mi saludo y gratitud a los hermanos Gustavo Petro, presidente de Colombia; Andrés Manuel López Obrador, presidente de México; Luis Arce, presidente de Bolivia; y Alberto Fernández, presidente de Argentina, por su identificación y solidaridad con mi pueblo y nuestro legítimo gobierno», dice Castillo en una carta dada a sus colaboradores.
Insistió en que fue elegido «por los hombres y mujeres olvidados del Perú profundo» y que desde que asumió su mandato «no dejaron ni un minuto de rechazar tal decisión del pueblo con actitudes nefastas», como negarle salir a Colombia y México, en referencia a las veces que el Congreso no le autorizó a ir a esos países adonde se le había invitado.
No renunciará a «la justa causa y la voluntad popular del pueblo peruano» y asegura que «el sector golpista explotador y hambreador» busca «silenciar la masacre y la crisis en todo el Perú» con supuestos pagos a la prensa, sin mostrar alguna evidencia.
Afuera de la prisión, los abogados de Castillo leyeron la carta del exmandatario en la que culpa de las muertes ocurridas en las manifestaciones a la presidenta Dina Boluarte. La actual jefa de Estado era su vicepresidenta y asumió el gobierno por sucesión luego de que el Congreso destituyó a Castillo por el intento de golpe de Estado el mismo 7 de diciembre.
«Señora Dina, mira el lugar que ocupa. La hago responsable a usted y a todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas», dice el exmandatario en esta misiva.
El día anterior, en otra carta, había dicho estar «en el trance más difícil de mi gobierno, humillado, incomunicado, maltratado y secuestrado» y califica de usurpadora a Boluarte.
Estos mensajes han sido replicados en redes sociales del exmandatario.
Boluarte ha dicho que no cree que esas expresiones vengan de Castillo. «No creo que esas palabras que están saliendo en el Twitter del presidente Castillo sean palabras de él. Lo siguen utilizando, lo siguen manipulando al presidente», dijo tras visitar en un centro de salud en Lima a una niña que resultó herida en uno de los enfrentamientos en la zona de Andahuaylas, en la región de Apurímac, a unos 757 kilómetros de la ciudad capital del país.
