By La ONU, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos denunciaron este martes un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía de Colombia para controlar casi una semana de violentas protestas contra el gobierno que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos.
“Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Lo que empezó el miércoles como una nueva manifestación contra una reforma fiscal ya retirada se transformó en graves protestas contra el gobierno y choques con la fuerza pública.
En la mañana de este martes había personas en las calles y bloqueos en las vías de la capital y en Cali, tercera ciudad del país y la más afectada por los disturbios.
Hurtado hizo “un llamado a la calma (…) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”.
Defensores de derechos humanos y oenegés denuncian amenazas y casos de violencia policial, que incluyen civiles muertos a manos de uniformados.
La Unión Europea se sumó a las advertencias y pidió “evitar el uso desproporcionado de la fuerza”.
La Defensoría del Pueblo registró el lunes 19 muertos y 89 personas desaparecidas durante las jornadas de protesta en el país. Por su parte, el Ministerio de Defensa contabilizó 846 heridos, de los cuales son 306 civiles.
Cali, foco de protestas
Las protestas y disturbios encendieron la capital del departamento del Valle del Cauca, Cali, en la noche del lunes. La ciudad de 2,2 millones de habitantes está militarizada desde el viernes por orden del gobierno.
La secretaría de Seguridad local registró este martes cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes la víspera.
El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, denunció que una persona de la entidad, junto a otro de la Procuraduría -encargada de indagar irregularidades de funcionarios- y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco “fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar”, precisó.
La ONU participaba en esta comisión, pero no recibió “disparos directos”, según indicó en Twitter su oficina local de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Diego Molano, evitó referirse al ataque y aseguró que policías y militares son víctimas de agresiones orquestadas por grupos armados.
“El despliegue de la fuerza pública fue demasiado alto, sin precedentes, una cosa aterradora (…) no ingresan mediando con la comunidad sino que ingresan disparando contra la ciudadanía”, dijo a la AFP Yonny Rojas, de la Fundación Créalo que protege los Derechos Humanos en Siloé, un barrio de Cali.
Molano anunció el viernes la llegada a Cali de más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros para apoyar a la fuerza pública local.
“Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”, advirtió la portavoz de ACNUDH.
El presidente conservador, Iván Duque, enfrenta inéditas protestas en las calles desde que subió al poder en 2018.
Sindicatos, indígenas, organizaciones civiles, estudiantes entre otros sectores inconformes exigen un cambio de rumbo a su gobierno.
Las movilizaciones actuales recogen además la desesperación provocada por la pandemia que golpea con fuerza al país de 50 millones de habitantes.
En su peor desempeño en medio siglo, el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se hundió 6,8% en 2020 y el desempleo trepó al 16,8% en marzo. Casi la mitad la población está en la informalidad y en la pobreza, según cifras oficiales.
