By Tras culminar las campañas, las autoridades electorales se declararon listas para la jornada electoral del próximo 6 de junio e iniciar el periodo post votación.
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que ayer concluyeron su proselitismo 29 mil 305 candidatos para cargos de diputaciones federales y locales, gubernaturas, alcaldías, juntas municipales, primeras concejalías de ayuntamiento, sindicaturas y regidurías.
De acuerdo con el organismo electoral, la elección más grande en la historia del país entrará en la fase de veda o periodo de reflexión hasta el domingo cuando cierren las más de 162 mil casillas en el país.
La propaganda y cualquier publicidad, así como encuestas están prohibidas durante la veda, ante lo cual el INE llamó a partidos, candidatos y gobiernos a respetar la veda.
Por lo que entra el periodo de silencio para candidaturas a diputaciones federales y locales, gubernaturas, alcaldías, presidencias municipales, juntas municipales, presidencias de comunidad, primeras concejalías de ayuntamiento, sindicaturas y regidurías.
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se declaró listo para la etapa postelectoral, donde resolverá los juicios derivados de los resultados del próximo domingo.
Ante observadores internacionales en materia de justicia electoral, el magistrado presidente José Luis Vargas reconoció que en el actual proceso electoral se ha registrado una radicalización por parte de los actores políticos, por ello exhortó a los juzgadores a no entrar en debates, pues les recordó “somos tramitadores de la legitimidad de los representantes populares que la ciudadanía elige”.
Durante su participación en la Sesión denominada “El TEPJF: máxima autoridad en materia electoral”, el presidente del Tribunal resaltó que los órganos jurisdiccionales deben tomar decisiones conforme a Derecho. Refirió que el TEPJF ha recibido siete mil asuntos relacionados con el proceso electoral y de acuerdo a ejercicio estadísticos esperan recibir entre 25 y 32 mil asuntos, dependiendo de la litigiosidad de los resultados del próximo domingo.
A su vez, Luis Espíndola, magistrado de la Sala Regional Especializada, durante su sesión de ayer, llamó a los partidos y candidatos a respetar el periodo de silencio, porque se acabó la fase de propaganda y solicitud del voto.
A los ciudadanos, les manifestó que pueden votar en libertad, porque las autoridades judiciales electorales están listas para hacer valer la voluntad de los votantes y resolver los asuntos que se deriven de la jornada del próximo 6 de junio.
INTROMISIÓN DE AMLO PUEDE QUEDAR IMPUNE
A diferencia de cualquier funcionario público que obtendría entre cuatro y nueve años de prisión por utilizar recursos públicos para intervenir en las elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador puede quedar impune tras sus reiteradas intromisiones.
La sentencia de la Sala Regional Especializada -SER-PSC-59/2021- sobre la violación a la Constitución a causa de la transmisión de su Informe por los 100 días del Tercer Año de Gobierno, marca la pauta de la conducta del mandatario durante los actuales comicios.
López Obrador utilizó recursos públicos para promocionar su imagen y la del Gobierno durante el proceso electoral; y aunque la sentencia sólo aplica para dicho informe, al menos en 80% de sus conferencias mañaneras cometió la misma infracción, por lo que existen al menos 13 denuncias ante las autoridades.
De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electoral, se le impondrán “quinientos a mil días de multa y prisión de cuatro a nueve años, al servidor público que, durante el proceso electoral, use o permita el uso de los recursos públicos, bienes, fondos, servicios, o beneficios relacionados con programas sociales con la finalidad de incidir en el electorado para posicionarse o posicionar ante el electorado a distinta o distinto servidor público, precandidato, aspirante a candidato independiente, candidato, partido político o coalición”.
Al respecto, la sentencia de la Sala Especializada indica que el Presidente “difundió propaganda gubernamental personalizada en periodo prohibido y utilizó indebidamente recursos públicos”; sin embargo, el jefe del Ejecutivo goza de inmunidad porque “nuestra Constitución contempla un régimen especial para sancionarlo, el cual sólo es aplicable en el caso relacionado con ilícitos penales.
Sobre la posible impunidad del jefe del Ejecutivo, Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE, dijo que López Obrador es un “delincuente electoral que tuvo tiempo en las mañaneras para violentar la Constitución una y otra vez y se sabe impune porque si el Presidente de la República de verdad ejerciera lo que marca la Constitución y la ley, hoy pudiera ir a la cárcel”.
El líder perredista recordó que debido a la reforma electoral de 2014, “aquellos delitos electorales en donde se utilizaran recursos públicos serían castigados con cárcel, y la mañanera que son recursos públicos de todas y todos los mexicanos, se están hicieron campañas electorales”.
Durante una discusión pública en una sesión del INE, hace unos días, Ávila manifestó que a pesar de la reforma al fuero, el Presidente sigue con un manto de protección, por lo que se “siente impune porque sabe que tiene dos tercios, casi dos tercios en la Cámara de Senado y no puede ser desaforado”.
A su parecer, en las campañas que culminaron ayer, fue inédito observar a un “Presidente de la República como el jefe de campaña de su partido político y de sus partidos satélites”.
Las denuncias electorales contra el mandatario nacional por su intervención en las elecciones serán resueltas en última instancia por la Sala Superior del TEPJF, sin una fecha límite.
Como antecedente, en los comicios presidenciales 2012, el tribunal determinó que Felipe Calderón se entrometió de forma ilegal en el proceso y utilizó recursos públicos al enviar cartas personalizadas a contribuyentes a través del SAT, pero por la inmunidad del Ejecutivo, sólo se dio vista al Órgano Interno de la Presidencia sin mayores consecuencias.
REGRESAN REGISTROS A DOS VIOLENTADORES
Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la resolución del Instituto Nacional Electoral, por la que canceló las candidaturas a diputaciones federales de Ana Elizabeth Ayala Leyva y Manuel Guillermo Chapman Moreno, ambos de Morena.
El organismo electoral aplicó los lineamientos del 3de3 contra la violencia de género y bajó a esos candidatos porque se acreditó que cometieron agresiones económicas, políticas y psicológicas contra una funcionaria en Ahome, Sinaloa, cuando fungieron como alcalde y tesorera, respectivamente.
Sin embargo, el Tribunal les regresó sus candidaturas porque el INE no les acreditó la presunción de no contar con un modo honesto de vivir, así como la conducta de violencia de género a ambos candidatos, por lo que también excedió facultades exclusivas de la autoridad judicial.
En otro asunto, el tribunal revocó las reglas del INE para el pago de representes de casillas de los partidos políticos.
Se trata de más de 2.9 millones de simpatizantes apuntados para cuidar las casillas, por lo que el organismo electoral determinó 25% de los inscritos por cada partido recibirían una remuneración y se cargaría a los gastos de campaña.
Sin embargo, los magistrados aclararon que no se puede obligar a los partidos a establecer un porcentaje de los representantes que recibirán pago, por lo que revocó ese lineamiento.
BAJAN 3 MAÑANERAS
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó suspender la difusión de las conferencias matutinas del Presidente, del 5, 6 y 7 de mayo por constituir una intromisión a los procesos electorales, prohibida por los artículos 41 y 134 constitucionales. La queja fue presentada por Movimiento Ciudadano y su candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García.
