By La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) anunció que “con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía”, no interpondrá acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas por el Senado que incorporan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un muy amplio comunicado que justifica su decisión, establece que además, se sumarán a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan.
“Pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones.
“En nuestra decisión valoramos (…)el hecho innegable que, de acuerdo a diversas encuestas y consultas de opinión, la institución pública que cuenta con mayor confianza por parte de las y los mexicanos es el Ejército, algo que es reiterado y que se ha dado por años, si bien con ligeras variantes”, indicó el organismo.
Agregó que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena atiende a los parámetros, tanto nacionales como internacionales, de los derechos humanos.
Las razones, explicó la CNDH, es porque la reforma es extraordinaria, es decir que está justificada y resulta excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; es subordinada y complementaria, a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.
Además, es regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y será fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Con prácticamente el mismo discurso que utiliza el Gobierno federal para justificar las reformas que la oposición ha calificado de militaristas, la CNDH indicó que “tiene claro que en México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores”.
“Lo que hemos tenido, y por un largo período, es un mando civil corrompido y corrupto, que no evolucionó al parejo del Ejército surgido de la Revolución y que, valiéndose de su lealtad y subordinación incondicional, lo desvió de su misión social para ejecutar violaciones a derechos humanos y delitos de lesa humanidad que le aseguraran el control político y social, la represión de toda disidencia que pusiera en riesgo la hegemonía de un partido, en claro detrimento de la democracia, otorgándole a cambio impunidad sobre esas actuaciones”, establece el Organismo autónomo.
También consideró que “todo eso ha empezado a cambiar. Dos Comisiones de la Verdad, una para esclarecer los casos de la llamada “Guerra Sucia”, y otra para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el trabajo mismo que se desarrolla desde esta Comisión Nacional: muchas quejas que se tenían archivadas sin resolución alguna ahora atendidas, dan cuenta de que las violaciones de derechos hoy no quedan impunes, y que se avanza en la construcción de un orden social democrático y subordinado al imperio del Derecho”.
