By Otorgar apoyos económicos al sector público y restringir al privado generará a la larga una polarización en la comunidad científica, advirtieron excatedráticos e investigadores del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología).
Lo anterior luego de que el martes se publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el Gobierno de México entregará únicamente apoyos a investigadores que formen parte de las instituciones públicas, según las reformas al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
Miguel Ángel Méndez Rojas, Profesor e Investigador de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), SNI Nivel II dijo a 24 HORAS que se daría una polarización en la comunidad científica además de aseguras que la reforma es un acto de discriminación.
“Ya no van a venir de un solo sector de investigación nacional, va a ser sector de investigación público y sector de investigación privado. Somos realmente una población de investigadores a nivel nacional pequeña comparado con otros países, no podemos estar fragmentados. Tenemos que buscar la manera de fortalecer y de trabajar Unidos”, expresó Miguel Ángel.
Además calificó como injusto el que los funcionarios públicos sí puedan recibir el estímulo, el cual antes no podían, ya que la fracción III del artículo 62 del reformado Reglamento del SNI, lo permite.
“Es algo muy polémico porque el argumento bajo el cual se hace este ajuste para sacar a los más de mil 600 investigadores del sector privado del estímulo es hablando de ahorros”, agregó.
Ante esto advirtió que podría ocasionarse una “fuga de cerebros” hacia el extranjero, pues los jóvenes podrían encontrar la capacidad de investigación que están buscando fuera del país.
Sin embargo, destacó que la medida de retirar apoyos económicos a la comunidad del sector privado puede generar una respuesta positiva de parte de las instituciones privadas en el sentido de buscar mecanismos que fortalezcan sus capacidades de apoyo a las actividades de investigación, incluso, sin acceso a los recursos federales por lo que puede ser una reacción positiva de las instituciones privadas.
Al respecto, Ana Lucrecia Elías López, excatedrática Conacyt y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) comentó que la reforma es “un tiro de gracia” para la comunidad, pues si no pertenecen al Sistema Nacional de investigadores afectarán a su perfil académico en sus universidades y ahora será más complicado conseguir fondos.
Recordó que a pesar de tener una reunión el 10 de mayo de 2019 en donde fueron citados a mejorar sus condiciones laborales, junto con los criterios de evaluación para no ser despedidos, al siguiente mes fue despedida injustificadamente, “a mí me obligaron a firmar mi renuncia bajo amenazas”.
Rosaura Téllez, profesora de la Universidad Iberoamericana y del SNI Nivel II comentó que ante el retiro de este estímulo cientos de científicos tocarán puertas en otros países, donde sí se apuesta a la ciencia, sin importar sea de carácter público o privado.
Destacó que es preocupante la falta de sensibilidad del Gobierno federal ante la comunidad científica, pues ante la política de austeridad que se implementa puede generar más gastos a largo plazo que ahorros.
“Sin duda generan una gran polarización entre el gremio, pero además es preocupante su falta de sensibilidad, a la ciencia, como a la medicina, no se le quita se le invierte más”, indicó.
El Tec de Monterrey informó que está convencido de la importancia de apoyar al Ecosistema de Investigación Nacional y en especial a las y los que forman parte del SNI.
La Ley de Ciencia y Tecnología establece bases para que el Estado fortalezca la investigación pública
Se plantea incrementar la capacidad científica y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas en el país.
Busca garantizar que los recursos públicos sean canalizados para
satisfacer los objetivos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y
que los procedimientos sean eficientes, equitativos y públicos.
Se crearán políticas públicas integrales que fomenten la
descentralización de las actividades científicas y definirá prioridades.
Se implementarán programas nacionales para consolidar, promover y
respetar el derecho de las niñas y niños a acceder a la cultura,
deporte, seguridad y sostenibilidad, entre otras.
