By Activistas y decenas de Organismos no gubernamentales, como México Unido Contra la Delincuencia, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, entre otros; señalaron que la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) frente a las acusaciones documentadas en Estados Unidos respecto al caso del exsecretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, deja en claro que en México los militares son intocables.
Por lo anterior solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que remueva a Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR).
También pidieron al Senado a que convoque al fiscal para que rinda cuentas sobre su actuación en este y otros casos, así como sobre su incumplimiento reiterado a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
“Se lleve a cabo una convocatoria abierta para elegir una nueva persona titular de la Fiscalía conforme lo establece la Constitución, la ley orgánica y los estándares internacionales. Un nombramiento a modo, que siga perpetuando la impunidad, sería responsabilidad conjunta del Presidente y del Senado”.
Detallaron que con estas acciones se pone de manifiesto, además, que el Fiscal no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional, en tanto que, ha sido el Presidente de la República quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía.
Destacaron que una muestra de ello es que la negociación con las autoridades estadounidenses para que el General Cienfuegos fuera trasladado a territorio mexicano fue conducida por el Canciller mexicano, quien tuvo un papel primordial.
Abundaron que las comunicaciones no se dieron entre fiscales, como debiera ser ante cualquier acuerdo de colaboración en materia penal.
Los organismos resaltaron que también fue el propio Canciller, quien en conferencia matutina con el Presidente, explicó el proceder del Gobierno mexicano, tanto en lo relativo al traslado de Cienfuegos, como en lo referente al no ejercicio de la acción penal y, atendiendo a las instrucciones del Presidente, hizo público el expediente entregado por las autoridades de Estados Unidos y no la propia Fiscalía, que es la auténtica garante de esa información.
