By Al opinar sobre la situación que se registra en cuanto a la operación de anexos en Torreón, espacios donde las autoridades reportan el fallecimiento de cinco pacientes en el presente año; la directora del Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Torreón, señaló que esas alternativas no están reguladas y carecen de la atención interdisciplinaria adecuada para tratar a personas con problemas por consumo de sustancias.
Por lo tanto, los anexos no incorporan mecanismos de atención desde el modelo médico, que es un enfoque biopsicosocial.
“Desgraciadamente, aunque haya una buena intención, no es suficiente para tratar este problema, que es cada vez más grave”, advirtió Martínez López.
Agregó que en los centros de rehabilitación no hay filtros ni atención médica de ingreso, lo que puede generar complicaciones en caso de no realizarse el debido proceso de desintoxicación.
“Cuando no hay esta valoración médica, el síndrome de abstinencia que es el síndrome de supresión por la sustancia, la sustancia se retira de forma abrupta y no sabemos la condición médica o el historial clínico de los pacientes”, detalló.
Y en ese sentido, mientras los anexos operan también por un tema lucrativo, agregó, las familias en su desesperación, terminan por dejar a los pacientes en estos lugares que no ofrecen las condiciones ni médicas ni hospitalarias para atenderlos.
“También a nivel gubernamental, en todos los niveles, cada región y cada estado debemos contar con un hospital de salud mental o una clínica pública donde las familia puedan recurrir, sobre todo en casos de emergencia; porque muchas de las decisiones que toman las familias en esos lugares, son en casos de explosión o de emergencia, es decir, cuando son víctimas de violencia, cuando ya la persona está perdida, cuando no llega a dormir, cuando ya tiene conductas delictivas, agresivas”, subrayó.
Por otro lado, Cecilia Martínez indicó que organismos de la sociedad civil como el CIJ están regulados por la normatividad federal y su operación se da en cumplimiento de lo establecido por la Secretaría de Salud, así mismo, teniendo convenios de colaboración con instituciones como el IMSS e ISSSTE, a fin de atender casos de trabajadores con adicciones y tramitando incapacidades y tratamientos en los casos que así lo requieren.
