By Durante la sesión ordinaria de esta semana en el Congreso del Estado, la diputada del PRI, María Bárbara Cepeda Boehringer, exhortó mediante un punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que reconsidere e incremente el presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023 que se otorga para la Universidad Autónoma de Coahuila.
Actualmente la Universidad ofrece 61 carreras universitarias y 59 posgrados, además se unió a la fila de universidades que modernizaron sus programas educativos, para ofrecerlos de manera virtual, otorgando más facilidad y alcance a estudiantes dentro y fuera del estado. A pesar de ser una institución que brinda educación gratuita, de calidad y tiene un impacto social y económico trascendental, fue una de las Instituciones educativas afectadas por el recorte presupuestal, ya que se contempla que para el siguiente ejercicio fiscal según el Proyecto de Presupuesto de Egresos, solo se le asignará una cantidad de recursos de 3 puntos porcentuales abajo del índice inflacionario, que al día de hoy es del 8.7%; es decir solo se destinará 5.6%. Esto sin contar que al parecer tampoco se contempló una de las partidas primordiales dentro de la institución, la U081, que capitalizaba el fondo de pensiones para los trabajadores que se encuentran jubilados, siendo uno de los mayores problemas estructurales y financieros al cual se enfrenta actualmente la universidad.
También es un hecho que la UadeC, es una de las universidades que cuenta con menor presupuesto federal a comparación de otros estados. Si bien es cierto que desde su creación existe un convenio tripartita de colaboración entre la federación, el estado y la propia universidad, el porcentaje que aporta la federación está por debajo del que aporta a otras universidades en el país.
“Definitivamente, si la situación sigue de esta manera, la universidad pública disminuirá su crecimiento en relación con las exigencias sociales, cotidianas y territoriales en materia de investigación, cobertura, extensión y modernización de la infraestructura física, técnica y tecnológica, mermando la calidad de servicios que el estado proporciona a los estudiantes” expone la diputada María Bárbara Cepeda en el punto de acuerdo.
