La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a México anular la prisión preventiva oficiosa.
A través del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria la ONU señaló que:
«La prisión preventiva oficiosa es contraria las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones».
En comunicado, la Organización señaló que dicha figura -consagrada en el artículo 19 de la Constitución- obliga a los jueces a imponerla a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos que ha derivado en violaciones a los derechos humanos como presunción inocencia, al debido proceso y la igualdad ante la ley.
A su vez, la titular del Grupo de Trabajo, Miriam Estrada-Castillo destacó que la PPO (Prisión Preventiva Oficiosa) subrayó que la figura es contraria a la independencia judicial y al deber de fundamentar jurídicamente los motivos de la detención, y pone en grave riesgo la integridad de las personas, y la garantía de no ser víctima de tortura o tratos crueles.
Por lo que:
«Anular la prisión preventiva oficiosa no solo es un paso esencial para aliviar el problema de las detenciones arbitrarias en México, sino que también permitiría apaciguar la sobrepoblación del sistema penitenciario».
De ahí que la ONU reiterara que la prisión preventiva oficiosa pone a México en franca violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, asumidas con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.