By El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que en un Estado democrático de derecho las diferencias de opinión no se persiguen como delitos, por lo que rechazaron las denuncias penales contra cualquiera de sus compañeros ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Por ello, manifestó su preocupación que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, tras la pasada votación por parte de seis consejeros por la suspensión del proceso de la consulta de revocación de mandato.
“Con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.
Se trata, agregó, de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.
Por ello, los consejeros del INE rechazaron las denuncias penales contra cualquiera de sus compañeros «y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía.
“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”.
Asimismo, el Consejo General detalló que por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.
“En un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.
“Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”.
Concluyó que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre el asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.
