By Con la visita que realizó al país el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y las recomendaciones que resulten se espera que el Estado asuma la obligación de realizar la búsqueda de personas desaparecidas y no siga siendo una tarea de los familiares, afirmaron colectivos.
En una entrevista, Grace Fernández Morán, directora de vinculación del colectivo Buscando Desaparecidos México, confió en que la información que está recabando la oficina de la ONU no solo sea útil para hacer y mejorar leyes, sino primordialmente para el reconocimiento de la responsabilidad que tienen las autoridades en los tres órdenes de Gobierno.
En lo que va de la actual administración se desconoce el paradero de 25 mil 138 personas, la mayoría tenía entre 25 y 29 años de edad al momento del reporte, según datos del registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación.
La activista radicada en Coahuila comentó que México tiene «una ley muy buena, única en el mundo, aclamada por los abogados y lo que tú quieras, pero en la práctica hay un divorcio de la Fiscalía con las Comisiones de Búsqueda y ahí es donde hay que recordarle a las Fiscalías que la responsabilidad de las búsquedas es de ellos».
“Que si hubieran hecho su trabajo de forma efectiva no hubiese habido necesidad de crear la Comisión de Búsqueda, aunque claro que es complementaria para facilitar los procesos de búsqueda de la persona”, puntualizó.
La visita del CED que comenzó el 15 de noviembre y concluye hoy abarcó a 12 entidades: Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Además, los integrantes del Comité se reunieron con colectivos y organizaciones de búsqueda de personas de 25 estados, donde también participó la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la Segob.
RESULTADOS, HASTA MARZO
Aunque se perfila que hoy el CED ofrezca una conferencia de prensa, será hasta marzo o abril cuando sesione el Comité donde se presentarán las recomendaciones para el Estado mexicano en materia de desaparición forzada.
Fernández Morán destacó que México es el primer país que visita este Comité de la ONU y fue una promesa de campaña del actual Gobierno concretarla, pues desde 2013 habían solicitado acudir a territorio nacional.
“Para nosotros como familiares de las víctimas es muy importante que estén aquí porque como expertos tienen conocimiento de cuáles son las mejores prácticas y a veces uno está saturado; nos ayuda para saber cómo obtener justicia”, expresó la activista.
HALLAN 16 FOSAS
El colectivo Madres Buscadoras de Sonora hizo un llamado -mediante sus redes sociales- para que la ONU acuda al predio Las Carboneras de la carretera Sur, para que se agilicen las diligencias.
«Solicitamos la presencia de la señora Carmen Villas de la ONU para que investiguen rápido estas 16 fosas (…); que vengan autoridades más grandes que las estatales «, señaló Ceci Flores de dicho colectivo.
El descubrimiento se dio durante la Tercera Brigada Estatal de Búsqueda que realizan las Buscadoras y el colectivo Todos Somos Erick Carrillo que viajó de Tijuana, Baja California, para participar en las labores.
Según organizaciones, en las fosas habría al menos 20 cuerpos y restos calcinados. Además, Flores comentó que si las autoridades no sacan a la luz mucho de lo que se localiza, los restos irán a la fosa común.
En el marco de la estancia del CED en el país, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México -que agrupa a más de 60 organizaciones- hizo un llamado al Gobierno para que asuma los compromisos que resulten del informe del comité de la ONU.
El 15 de noviembre pasado, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, reconoció que se atraviesa por una crisis de desapariciones, humanitaria y de derechos humanos.
El CED es un órgano de Naciones Unidas, compuesto por 10 expertos y expertas independientes, que supervisan la aplicación por parte de los Estados que han ratificado la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
