By La administración de Andrés Manuel López Obrador tiene en su catálogo de proveedores a empresas fabricantes de armas que denunció en agosto pasado en Estados Unidos.
La empresa Barrett Firearms Manufacturing es una de las demandadas por el Gobierno federal, la cual le surte piezas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para refacciones que necesita el Fusil Barrett, según consta en tres contratos otorgados por adjudicación directa entre 2019 y 2020.
Según documentos públicos de la Sedena, bajo el procedimiento de adjudicación directa, en 2019, se realizó la adquisición de las refacciones para armamento Barrett calibre 0.50” bajo el contrato DN-28 JA-0519/P/PL/2019, donde el Ejército pagó 122 mil 183 dólares; es decir, 2 millones 443 mil 660 pesos, con un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, como se especifica en el contrato.
El 8 de mayo de 2020 bajo el contrato DN-28 JA-0123/P/2020 la Sedena compró a la empresa Barret, con sede en Tenesse, 13 mil 035.35 dólares (260 mil 707.95 pesos) en refacciones necesarias para cumplir con el programa de mantenimiento del 5/o. escalón de los fusiles barrett calibre 0.50″ modelo 82A1.
En otro documento con fecha del 22 de diciembre de 2020 bajo el número de identificador DN-28 JA-0002/P/2021el Ejército adjudicó a esta misma empresa un contrato por 60 mil 706 dólares (un millón 335 mil 532 pesos) para recibir 17 tipos de refacciones necesarias para la reparación de 4/o. y 5/o. escalón al armamento del fusil Barret calibre 0.50”.
El Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal, que ha causado destrucción de bienes y vidas, por lo que exige una indemnización por daños y perjuicios.
La demanda fue presentada el pasado 4 de agosto ante en el Distrito de Massachusetts en contra de 10 fabricantes como Smith & Wesson, Century Arms, Colt’s Manufacturing, Glock, Ruger y Barrett Firearms Manufacturing, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga, según refiere el documento.
“El Gobierno exige respetuosamente (a) esta Corte… Otorgar una indemnización por daños y perjuicios por una cantidad que se determinará en el juicio”, se lee en el documento con fecha 4 de agosto de 2021.
ACUSACIONES SIN FUNDAMENTO, AFIRMAN
La Asociación Industrial del Comercio de las Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó las acusaciones del Gobierno de México respecto a que los fabricantes de armas de Estados Unidos “participaron en prácticas comerciales negligentes”, pues afirmó que se busca un “chivo expiatorio” en las empresas estadounidenses.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente senior y asesor jurídico de NSSF, el mismo día que se presentó la demanda.
Para el 20 de agosto el canciller Marcelo Ebrard informó que la Corte Federal en Massachusetts aceptó el litigio presentado por el Gobierno de México contra diversas empresas responsables de comercio negligente de las armas que usa la delincuencia.
En caso de que esta demanda prospere se corre el riesgo que las empresas demandadas no le vendan al Gobierno armas ni refacciones, que se han comprado desde sexenios anteriores como en 2011, 2015 y 2016 a la empresa Barrett Firearms Manufacturing.
