By Sin conocerse su paradero, el Pleno de la Cámara de Diputados retiró al ahora exdiputado federal Saúl Huerta Corona, el fuero constitucional que impedía a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) proceder en su contra como probable responsable del delito de abuso sexual y violación equiparada agravada en contra de menores.
El dictamen que le retiró el fuero recibió 447 votos a favor, cero en contra y las abstenciones de los diputados Agustín García Rubio y Paola Adame Tenorio, ambos de Morena, al cual pertenecía Huerta Corona antes de ser expulsado.
Teófilo Benítez, abogado de los padres del menor supuestamente abusado, indicó que las autoridades capitalinas no les habían informado si tenían ubicado al exdiputado para proceder a su detención.
Juan José Salazar Hernández, abogado defensor del exlegislador, centró su ponencia en la contaminación del proceso contra su cliente por la filtración de información en los medios de comunicación.
“Yo les pregunto a ustedes si no han visto fotografías, videos, que se han filtrado a la opinión pública y que han generado un linchamiento mediático en contra de nuestro defensor; sí, sí los han visto, basta abrir las redes sociales para ver videos que son parte de las carpetas de investigación, pruebas y declaraciones.
“La propia Fiscalía ha filtrado tener ya preparada la detención de nuestro defensor y eso es violación al principio de presunción de inocencia”, expresó.
Otra violación, detalló el abogado, fue respecto a la denuncia por la cual se inició el proceso y que fue presentada por diversos funcionarios, incluyendo la FGJCDMX y la cual debió ratificar, pero no lo hizo, sino que envió a otros funcionarios a realizarla.
Explicó que el oficio con el que se hace esa delegación de funciones no contiene el fundamento del reglamento y “eso para los abogados de defensa se llama falta de fundamentación y motivación”.
La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) recordó que se hicieron varios intentos por parte de la oposición de llevar con mayor prontitud el dictamen para que la parte acusadora pudiera tener un acceso pronto y expedito a la justicia, como lo establece la Constitución.
La legisladora aprovechó su intervención para pedir al Gobierno de México que ponga en el centro de sus políticas públicas el bienestar de la infancia, “el interés superior de las niñas, de los niños y de los adolescentes, porque ha sido uno de los grupos más invisibilizados y más ignorados”.
No descansaremos: padres
Alrededor del mediodía se presentaron en el recinto legislativo los padres del menor supuestamente agredido por Huerta Corona con la intención de presenciar el juicio de procedencia.
Sin embargo, ni a ellos ni a su abogado se les permitió la permanencia pues la Mesa Directiva consideró que podría contaminar el proceso.
Más tarde, al conocer el resultado de la sesión se dijeron satisfechos, pero advirtieron que “no descansaremos hasta verlo en la cárcel… este es un logro de la ciudadanía ante la evidente complicidad de Morena para evitar que enfrente la justicia”.
“Ojalá que el Gobierno del presidente y los legisladores del partido en el poder inclinen la balanza a favor de los desprotegidos y dejen de proteger a gente indeseable y corrupta”, expresó Guadalupe Lezama, madre del menor.
Invitaron a los jóvenes que fueron víctimas de Huerta Corona, para que se sumen a la denuncia y de esa manera castigar de manera ejemplar al exlegislador.
Con los votos en contra del Partido del Trabajo (PT) y la abstención de la mayoría de los diputados del Revolucionario Institucional (PRI), ayer el Pleno de la Cámara de Diputados retiró la inmunidad procesal al diputado federal petista Mauricio Toledo Gutiérrez.
Sin embargo, el ahora exlegislador se encuentra en Chile -de donde son originarios sus padres- desde el pasado 26 de julio, reveló durante el juicio de procedencia en su contra, el fiscal especializado en combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Rafael Chong Flores.
Toledo Gutiérrez es señalado por las autoridades capitalinas como probable responsable del delito de enriquecimiento ilícito pues según la Fiscalía, valiéndose de los cargos públicos que ostentó de 2012 hasta 2018, incrementó su patrimonio injustificada e inexplicablemente.
Dichos aumentos, expuso el fiscal Chong Flores no se pueden comprobar, ya que de sus propias declaraciones de situación patrimonial y de documentales “se puede advertir que sus ingresos como servidor público México se situaron en una cantidad muy inferior a lo que asentaba en sus declaraciones, y a la que recibía de manera extraordinaria por depósitos bancarios, acreditándose así un incremento de su situación económica”.
El abogado defensor de Toledo, Epigmenio Mendieta Valdés, centró sus alegatos en la violación al debido proceso de la Sección Instructora, que fue utilizada, acusó, como un mecanismo de presión y represión en contra de un adversario político.
El juicio de procedencia contra su cliente, advirtió, es un mal precedente y marcará un parteaguas para que cualquiera pueda ser llevado a un proceso de desafuero por el simple hecho de rivalizar con quienes están a cargo de los mecanismos legislativos.
