By De la legalidad y la certeza en el financiamiento de las campañas para puestos de elección popular depende la calidad de democracia en el país, aseveró el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.
En un video que subió a sus redes sociales, señaló que el financiamiento lícito de la política en el país es un tema crucial en los últimos años y por ello se ha fortalecido el sistema que busca que las campañas, tanto federales como locales, sean financiadas de manera legal y transparente.
“Se pretende así evitar que el dinero sucio llegue a la política y sea determinante para definir quién gana una elección”.
Agregó que con el cierre del periodo de fiscalización está a punto de concluir el proceso electoral 2020-2021, “el más grande de nuestra historia, que llegará a buen puerto gracias a la participación de la ciudadanía”.
Córdova enumeró los trabajos que realizó el INE para detectar anomalías en el financiamiento de campañas, entre los que destacó la resolución de cientos de quejas presentadas en contra de diversos actores por presuntas omisiones y faltas.
“Para dimensionar los trabajos realizados por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, basta mencionar que se revisaron más de 39 mil informes de ingresos y gastos correspondientes a 29 mil 612 candidaturas, por un monto auditado de más de 11 mil millones de pesos, en procedimientos que ocurrieron en tiempo real mientras se desarrollaban las campañas”.
“Sumando los trabajos de investigación, cotejo y consulta a las autoridades financieras y bancarias que realizó el INE se verificaron en total, en campo, más de 300 mil eventos, se realizaron tres mil 900 recorridos para recopilar testigos de 110 mil anuncios en bardas, mantas, panorámicos y espectaculares, además, se monitorearon en gabinete nueve mil medios impresos, más de 50 mil páginas de Internet y más de 50 mil sitios de redes sociales”.
Reiteró que la fiscalización dio como resultado el hallazgo de omisiones e irregularidades, por las cuales se aplicaron multas por más de mil 203 millones de pesos, además de sanciones por 29 millones de pesos derivadas de la resolución de 748 quejas.
